Tres años del desastre de Repsol en Ventanilla: un análisis crítico de un ecocidio persistente

A tres años del derrame de 12.000 barriles de crudo en Ventanilla, el 60 % del petróleo permanece en el ecosistema. Mientras Repsol enfrenta críticas por su falta de acciones concretas, comunidades afectadas y ecosistemas marinos luchan por una recuperación que podría tardar décadas. La negligencia ambiental sigue impune.

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Derrame de petróleo frente a las costas del Callao (Peru) en 2022

fuente portada: Wikipedia

El 15 de enero de 2022 marcó un punto crítico en la historia ambiental de Perú. Un derrame de aproximadamente 12.000 barriles de petróleo crudo desde la refinería La Pampilla, operada por Repsol, contaminó el mar de Ventanilla en la provincia del Callao. Tres años después, un 60 % del crudo derramado sigue incrustado en el ecosistema marino, según el informe «¿Repsol limpió el desastre? Situación actual y retos pendientes para la recuperación de la vida marina a tres años del derrame de petróleo», elaborado por CooperAcción Perú y Oxfam.

Impactos ambientales: daños irreversibles y recuperación lenta

El informe subraya que los efectos del desastre son particularmente graves debido a la naturaleza del crudo derramado: el tipo Buzios, caracterizado por su alto contenido de metales pesados como cadmio, cobre, plomo y vanadio. Estos compuestos no solo generan toxicidad inmediata, sino que también alteran de manera prolongada las dinámicas biológicas de los ecosistemas afectados.

Se estima que la regeneración natural de las zonas contaminadas tardará entre 5 y 23 años, dependiendo de las especies involucradas, con un pronóstico aún más pesimista para ciertos crustáceos. Sin embargo, el informe critica severamente la falta de un monitoreo exhaustivo, señalando que los planes presentados por Repsol excluyen especies clave y no contemplan acciones directas para promover la restauración del ecosistema y el repoblamiento de la fauna marina.

Implicaciones sociales: pescadores artesanales en el abandono

El desastre también ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades humanas, especialmente los pescadores artesanales que dependían del mar como principal fuente de sustento. Luis Díaz, representante de este sector, denunció que muchos afectados no han sido indemnizados debido a irregularidades en el proceso de empadronamiento llevado a cabo por las autoridades. “El Gobierno trató de empadronarlas y la verdad es que hubo un mal trabajo. Producto de ello, se encontraron muchos afectados no reconocidos dentro de una lista y, por ende, no indemnizados”, afirmó Díaz en una entrevista con el medio RPP.

Durante estos tres años, las manifestaciones de protesta han sido constantes. Entre ellas, destaca el reciente plantón frente a la refinería La Pampilla, donde pescadores exigieron respuestas concretas tanto para la remediación ambiental como para la compensación económica.

La dimensión legal: respuestas internacionales y nacionales insuficientes

La gravedad del incidente ha atraído atención internacional. En enero de 2024, una asociación sin fines de lucro con sede en los Países Bajos presentó una demanda contra Repsol ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, acusando a la empresa de negligencia y omisión en la gestión del desastre. En paralelo, el Ministerio de Energía y Minas de Perú ha rechazado sistemáticamente los planes de rehabilitación presentados por la empresa, calificándolos como inadecuados y carentes de sustancia técnica.

Reflexión y desafíos futuros

El derrame de petróleo en Ventanilla no solo es un testimonio de los riesgos inherentes a las actividades extractivas en ecosistemas frágiles, sino también un recordatorio de la insuficiencia estructural en la fiscalización y la gobernanza ambiental. Con un ecosistema marino severamente comprometido y comunidades locales aún en crisis económica, el camino hacia la recuperación requiere un esfuerzo coordinado y sostenido, que trascienda las meras declaraciones de intención.

La experiencia de Ventanilla subraya la necesidad de repensar los paradigmas de responsabilidad corporativa y la aplicación efectiva de políticas públicas para garantizar que desastres como este no se repitan. En ausencia de tales medidas, la región continuará siendo un triste ejemplo de las consecuencias de la negligencia ambiental y social.

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