La salud mental en Argentina: entre la crisis económica, las redes sociales y las barreras al tratamiento

Un informe de la UBA revela que más de la mitad de los argentinos atraviesa una crisis económica o vital y que la mitad no puede acceder a tratamiento psicológico. Especialistas advierten sobre las barreras institucionales, el abandono de terapias y el impacto de las redes sociales y la IA en la salud mental.

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Un informe de la UBA revela que más de la mitad de los argentinos atraviesa algún tipo de crisis, mientras el acceso a la atención psicológica se vuelve cada vez más difícil.

Más de la mitad de la población argentina está atravesando una crisis. No es una percepción ni un dato anecdótico: es la conclusión principal de un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), dependiente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que analizó casi 2.200 casos en todo el país para hacer un diagnóstico del estado psicológico de los argentinos.

Los números son contundentes. El 55,74% de los encuestados mencionó atravesar una crisis económica —ingresos bajos, deudas, imposibilidad de llegar a fin de mes—, el 52,31% señaló razones vitales, y el 36,37% identificó una crisis de índole familiar. Y aunque el 35,85% reconoció estar en crisis de manera explícita, la mitad de los participantes admitió necesitar tratamiento psicológico sin poder acceder a él.

El dinero como barrera

Las razones por las que tantas personas quedan afuera del sistema de salud mental son múltiples, pero la más frecuente es la económica: el 43,44% de quienes necesitan atención no pueden pagarla. A eso se suman los obstáculos institucionales: horarios reducidos, demoras para obtener turnos, coberturas insuficientes de obras sociales y prepagas, y centros de atención ubicados lejos de los barrios donde vive la gente.

El profesor Martín De Lellis, titular de la Cátedra I de Salud Pública y Salud Mental de la UBA, describe un sistema de salud privado que, bajo la presión de «hacer un uso más restringido de los recursos», aplica «barreras a la accesibilidad»: copagos que encarecen cada consulta, habilitación de centros de tratamiento en zonas alejadas y trámites administrativos agotadores para autorizar prestaciones.

El cuadro en el sector público no es mejor. Diego Zapata, psicoanalista y director de Kaleidos Red Integral para la Salud Mental —y exdirector del Colegio de Psicólogos de Córdoba—, señala que la creciente demanda de atención choca de frente con el recorte presupuestario en salud y «la fatiga emocional que estalla en las instituciones y su personal». Agrega otro dato estructural: los honorarios de referencia tan bajos llevan a que los profesionales tiendan a darse de baja de los convenios con las prepagas, achicando aún más la oferta disponible.

Consultan más, pero también abandonan más

El Centro Dos, un instituto de asistencia y docencia en psicoanálisis fundado en 1993, es un termómetro útil de esta realidad. Hasta 2024 funcionaba con bono voluntario para facilitar el acceso; en 2025 tuvo que pasar a una tarifa comunitaria de $18.000. Su directora, Patricia Hamra, cuenta que desde comienzos de año las consultas aumentaron de forma significativa. Los cuadros más frecuentes son el trastorno de ansiedad, la depresión con componentes ansiosos y los ataques de pánico.

Pero hay una paradoja que Hamra describe con precisión: «Muchos pacientes se encuentran medicados, pero no logran sostener los tratamientos de manera regular», en parte por las demoras en hospitales públicos y en parte por la dificultad de acceder a la medicación psiquiátrica.

Lo que cambió entre 2025 y 2026 es el rol de la economía: antes era el motivo de consulta más frecuente; ahora es la causa principal de abandono. «Muchas personas han interrumpido sus tratamientos al considerar que la atención en salud mental se ha convertido en un lujo frente a otras necesidades urgentes», dice Hamra.

Zapata, por su parte, amplía el mapa de afecciones que llegan a la consulta: tentativas de suicidio, desbordes emocionales, dificultades para conciliar el sueño, situaciones de violencia, consumos problemáticos, juego patológico y conflictos vinculares. Y advierte algo fundamental: «Los motivos de consulta no se pueden ver como hechos aislados, sino a la luz del contexto social y con su correspondiente interdependencia de la esfera social, ambiental, biológica y psicológica».

Las redes y la IA: ¿alivio o agravante?

El informe del OPSA incorpora otro dato que merece atención: casi la totalidad de los encuestados usa redes sociales (97,19%) y más de la mitad utiliza inteligencia artificial (58,98%). Ambos factores aparecen asociados con «mayor sintomatología ansiosa y malestar emocional», y su uso viene en aumento especialmente entre las generaciones más jóvenes.

En ese contexto, De Lellis señala que el uso de la IA con fines terapéuticos «es un hecho que se está multiplicando», particularmente en sectores jóvenes sin acceso a atención de calidad. Aunque minimiza que sea por ahora «una sustitución definitiva» —especialmente en casos severos como depresión, autolesiones, duelos o conductas violentas—, alerta sobre sus riesgos: los «problemas de interpretación» y la imposibilidad de establecer «un vínculo de atención singular». Su posición es clara: el uso digital puede ser legítimo siempre que sea complementario a la terapia y se haga desde la responsabilidad.

Zapata agrega una dimensión más profunda al problema de las redes sociales. En su lectura, estas plataformas están modificando el acuerdo social: «Se homologa el dinero al valor de la persona», transformando el tejido de una comunidad que vive cada vez más bajo la influencia de la lógica de las redes. Un grupo especialmente vulnerable en este escenario son las infancias: niñas y niños que enfrentan la soledad de padres agotados por jornadas laborales extenuantes, y que crecen con la incertidumbre de si una profesión podrá darles el proyecto de vida que las redes les muestran como posible.

El malestar no es individual

Hay una dimensión política en este diagnóstico que los especialistas no eluden. Zapata describe el momento actual como una paradoja: en un contexto de libertad de mercado, las necesidades básicas quedan desatendidas. El endeudamiento para comprar alimentos, la imposibilidad de adultos mayores de acceder a sus medicamentos, el alquiler impagable o la supresión de servicios indispensables configuran un escenario donde el malestar psicológico es, antes que nada, un problema social.

El psicoanalista traza una comparación con la pandemia: durante el Covid-19, había un agresor identificable —el virus—. Hoy, en cambio, las consultas traen lo que Zapata llama un «plus de caos social, inoculado desde sectores verticalistas e influenciando abiertamente a través del desprestigio de la salud». El padecimiento queda así redefinido como un problema individual, despojado de sus determinantes socioculturales.

Y hay una consecuencia concreta de este empobrecimiento generalizado que los especialistas subrayan: cuando el dinero no alcanza, lo primero que se resigna son las fuentes de disfrute. Las salidas, los encuentros sociales, las actividades culturales o recreativas —esos espacios que permiten procesar el malestar colectivo— desaparecen del presupuesto familiar antes que la comida o el alquiler. Lo que queda es una población cada vez más sola frente a su angustia, con menos herramientas para tramitarla y menos acceso a quienes podrían ayudarla.


Fuentes: Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA/UBA), declaraciones de Martín De Lellis (UBA), Patricia Hamra (Centro Dos) y Diego Zapata (Kaleidos Red Integral para la Salud Mental).

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