Honduras combate el crimen organizado en el marco del Plan Nacional de Seguridad

La presidenta Xiomara Castro lidera el gobierno hondureño que está combatiendo las pandillas que operan en el país centroamericano. El 31 de marzo pasado, durante la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), se aprobó la «II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen», mientras que el estado de excepción decretado a finales de 2022 se extendió parcialmente en el país.

Aunque algunas personas han comparado las medidas adoptadas por Castro con las implementadas por Nayib Bukele en El Salvador, donde se declaró estado de excepción en marzo de 2022 y se ha prorrogado hasta la actualidad, las acciones llevadas a cabo en Honduras se relacionan más con el Plan de Gobierno para la Refundación y Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026 presentado por Castro durante su campaña presidencial en 2021, en lugar de ser una imitación de las políticas de Bukele. En El Salvador, las fuerzas de seguridad han capturado a más de 65.000 presuntos pandilleros y se ha construido una megacárcel para su reclusión.

Líneas de acción

El Plan de Gobierno para la Refundación 2022-2026 tiene como objetivo principal la lucha frontal y sofisticada contra la extorsión y el lavado de activos, que son las actividades más importantes que alimentan a las organizaciones criminales. Según el plan, se pretende establecer un sistema de inteligencia económica avanzado que permita rastrear, detectar y neutralizar el lavado de capitales relacionado con el crimen organizado a nivel transnacional y nacional. Esta iniciativa se centrará en actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas, la tala ilegal de madera, la ocupación ilegal de bienes raíces y los financiamientos sospechosos, entre otros.

El Plan de Gobierno para la Refundación 2022-2026 también contempla la recuperación de los espacios públicos que han sido asaltados y controlados por el crimen organizado. Sin embargo, se propone un enfoque diferenciado en el uso de la fuerza, combinando la inteligencia e investigación, la ampliación de la red estatal de servicios de apoyo para las víctimas y la prevención del delito. Este enfoque difiere de la perspectiva más punitiva adoptada en El Salvador, que ha sido enfocada en la «guerra contra las pandillas».

En Honduras, también se busca fortalecer los controles para proteger el territorio de las amenazas del crimen organizado que se aprovechan de la porosidad de las fronteras nacionales. Para ello, se ha lanzado el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos.

Para la presidenta de Honduras, la extorsión es una de las principales causas de inseguridad, migración, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios. A pesar de que el problema no es nuevo, se ha insistido en la necesidad de erradicar la corrupción y el crimen organizado, que habrían permeado las instituciones y elevado la violencia en el país durante los 12 años previos a su mandato.

Durante el anuncio del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos en Honduras, la presidenta declaró emergencia nacional en materia de seguridad. Posteriormente, el 6 de diciembre, se implementó un estado de excepción en zonas específicas del país durante 30 días para combatir a las pandillas. La medida se renovó en enero y febrero por 45 días más, y la semana pasada por otro período similar, hasta el 21 de mayo. La Policía Nacional de Honduras afirmó que la primera fase del plan de seguridad «ha logrado importantes resultados», aunque no proporcionó cifras concretas. El lunes, la Secretaría de Prensa publicó un gráfico que muestra una disminución significativa de los homicidios en el país durante el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior. En enero, febrero y marzo de 2022 se registraron 957 asesinatos, mientras que en el mismo período de 2023 hubo 704, lo que equivale a una reducción de 253.

Segunda etapa

El 31 de marzo, la mandataria hondureña, Castro, aprobó la «II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen», que consta de nueve medidas para implementarse durante los próximos seis meses. La prórroga del estado de excepción es una de las medidas, que se renovará cada 45 días, además de la colaboración de las Fuerzas Armadas con el Instituto Nacional Penitenciario para habilitar batallones como Centros de Reclusión de Emergencia y la reactivación del 911. También se ha pedido al Poder Judicial que asigne jueces y al Ministerio Público fiscales especiales para acompañar las acciones del plan. Además, se ha instruido a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia para que elabore un Programa de Análisis Criminal en el que se compile y sistematice toda la información que exista sobre denuncias, investigaciones, detenciones, órdenes de captura, requerimientos fiscales y sentencias para identificar a las personas con mayor incidencia en la comisión de delitos.

El plan también incluye la emisión de un decreto de emergencia para la construcción, reforma y equipamiento de instalaciones y centros penales de seguridad en cualquier parte del territorio nacional. Desde el 3 de abril, miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras se han desplegado en siete departamentos del país para contrarrestar el crimen organizado. La operación se conoce como la Operación Poseidón III, que incluye acusaciones ante los juzgados, detenciones infraganti, cumplimiento de órdenes de captura, inspecciones, registros y operativos fijos. Sin embargo, el despliegue de las Fuerzas Armadas contradice un poco lo establecido en el Plan de Gobierno que presentó Castro en campaña, en el que proponía «desmilitarizar la seguridad ciudadana».

Inspección de centros carcelarios

La mandataria hondureña, además, anunció recientemente la intervención de los centros penales del país después de una serie de tiroteos entre miembros de las bandas rivales Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en cuatro cárceles. Castro afirmó que la intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad de los encausados, sus familiares y defensores. La mandataria también subrayó que el crimen se combate desde la prevención, no solo con el castigo. «Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en centros penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado», prometió.

Además, el lunes, la mandataria designó a Semma Julissa Villanueva, actual viceministra de Seguridad, para la ejecución del plan de desmontar las estructuras criminales que operan dentro de las cárceles.

Derechos humanos

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresó su preocupación por la extensión del estado de excepción en el país y por las medidas anunciadas en el Plan de Seguridad II. La oficina reiteró su llamado a implementar una política integral de seguridad ciudadana que priorice la prevención e investigación en lugar del estado de excepción. Además, advirtió que las nuevas tareas de seguridad asignadas a las Fuerzas Armadas podrían comprometer los esfuerzos de desmilitarización y afectar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público en su función de dirección y control de las detenciones.