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Crisis Minera en Panamá: Inconstitucionalidad, Protestas y Consecuencias Económicas

La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) ha emitido un veredicto histórico al declarar inconstitucional la Ley 406, la cual extendía por dos décadas las operaciones de la trasnacional Sociedad Minera Panamá, S.A. en una controvertida mina de cobre a cielo abierto en medio de bosques tropicales. Este fallo ha desencadenado una serie de eventos que han sumido al país en una crisis política, social y económica de proporciones considerables.

Desde la aprobación apresurada del contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, el descontento ha crecido de manera exponencial. Miles de ciudadanos han salido a las calles desde el pasado 20 de octubre para expresar su rechazo a lo que consideran una amenaza para la biodiversidad del país y una práctica inconsulta con los intereses soberanos de la nación.

Aunque las protestas iniciaron con grupos ambientalistas y líderes indígenas, la movilización ha adquirido una dimensión nacional al incorporar a estudiantes, maestros, líderes sociales y ciudadanos comunes. La respuesta de las autoridades ha sido firme, destacando el derecho a la expresión pacífica, pero condenando las acciones que van más allá, tales como el cierre de caminos, daños a bienes públicos o privados, enfrentamientos con la policía y daños económicos.

La tensión ha alcanzado niveles alarmantes con informes de choques persistentes entre manifestantes y fuerzas del orden, junto con la lamentable noticia del asesinato de dos personas en un piquete, elevando el descontento a un nuevo nivel y colocando mayor presión sobre la administración de Laurentino Cortizo.

En un intento por encontrar una solución, el Gobierno propuso un referéndum, propuesta que fue rechazada por el órgano electoral. Además, se sancionó una ley que prohíbe otorgar nuevas concesiones, pero esto no ha logrado reducir las demandas anti-mineras.

La empresa Minera Panamá, por su parte, se encuentra en una situación delicada. La constante obstrucción de las operaciones en la zona del puerto internacional de Punta Rincón la ha llevado a considerar la reducción de sus operaciones. En un último intento, la compañía ha solicitado a la CSJ que no declare inconstitucional la Ley 406, argumentando «presión política» y la falta de fundamentos sólidos en la demanda ciudadana.

Las consecuencias económicas ya se hacen sentir. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció recortes en el presupuesto de 2024 debido a cambios en las condiciones del país, vinculados indirectamente a la situación con Minera Panamá. Expertos predicen la pérdida de 50,000 empleos en pequeñas y medianas empresas, con una reducción del 10% en el número de estas empresas para finales del año en curso. Además, se prevé un impacto en 15,000 puestos de trabajo temporales en centros comerciales.

En un intento por mitigar la situación, el presidente Cortizo ha ordenado congelar las regalías pagadas por Minera Panamá al Estado, a la espera del dictamen final de la CSJ. Sin embargo, este movimiento deja a la nación en un limbo económico y social, donde la necesidad de conciliar los intereses ambientales, económicos y sociales se convierte en un desafío inminente. Panamá se encuentra en un punto crucial de su historia, donde las decisiones tomadas en los próximos meses tendrán consecuencias duraderas en la dirección del país.

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