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Argentina implementa medidas drásticas en el empleo público y reformas laborales generan controversia

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha desatado la polémica al anunciar la firma de una disposición que afectará significativamente el empleo público en el país. Según informes de la agencia Noticias Argentinas, el mandatario planea no renovar las contrataciones de empleados públicos realizadas durante el año 2023, abarcando tanto las contrataciones bajo la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional como cualquier otra modalidad que concluya el próximo 31 de diciembre.

La medida, que busca optimizar el gasto público, excluye al personal que ya desempeñaba funciones en el sector público antes del 1 de enero de este año. Asimismo, los empleados que hayan cambiado su modalidad de contratación en 2023 no se verán afectados, y aquellos considerados indispensables para el funcionamiento de las diferentes divisiones también quedan exentos.

Según Noticias Argentinas, la administración del Gobierno federal cuenta con cerca de 500.000 empleados. Sin embargo, al sumar los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de universidades y organismos autónomos, la cifra asciende a casi cuatro millones de trabajadores.

La medida, que tiene como objetivo reducir el gasto público y optimizar la eficiencia administrativa, ha generado reacciones encontradas en la sociedad. Mientras algunos la ven como una necesaria medida de austeridad, otros la critican por su impacto potencial en el empleo y en la calidad de los servicios públicos.

Además de estas medidas en el ámbito del empleo público, el presidente Milei ha introducido reformas laborales a través de un polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Una de las reformas más controvertidas autoriza a las empresas a realizar despidos discriminatorios por motivos de «etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial», a cambio de una indemnización.

El artículo 245 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), incorporado mediante este DNU, establece un agravamiento indemnizatorio del 50 % en caso de despido motivado por discriminación. Los jueces, según la gravedad de los hechos, podrán incrementar esta indemnización hasta un 100 %, siempre y cuando la parte afectada pueda probar el caso en la Justicia laboral.

Estas reformas han generado un fuerte rechazo por parte de las organizaciones sindicales, que ven en ellas una amenaza a los derechos laborales y una posibilidad de fomentar la discriminación en el ámbito laboral. El debate sobre la eficacia de estas medidas y su impacto a largo plazo en la economía y la sociedad argentina está en pleno apogeo.

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